Como evidencian las investigaciones sociológicas disponibles, como la promovida por el CERMI y el Instituto de la Juventud (INJUVE) en el año 2017, este segmento de la juventud experimenta amenazas evidentes a sus expectativas de inclusión social, ejercicio de derechos y acceso a bienes sociales valiosos.

 

Según la Encuesta de Integración Social y Salud, aplicada en 2012, en España, 398.773 personas de entre 15 y 30 años han declarado tener alguna discapacidad. Destaca el peso de las mujeres que representan el 54% de esta población.

 

La gran mayoría de los jóvenes con discapacidad podrían ser tan autónomos como el resto de los jóvenes si se dieran unas condiciones adecuadas de igualdad de oportunidades en contextos regulares de formación, de inserción laboral y de accesibilidad a todo tipo de bienes, servicios y productos.

 

En general, tres son los elementos a tener en cuenta para explicar la realidad y necesidades de los jóvenes con discapacidad en España: género, edad y tipo de discapacidad. Comenzando por la cuestión de género, se puede afirmar que, en general, en las generaciones más jóvenes permanecen elementos de desigualdad entre varones y mujeres, aunque también surgen algunos espacios en los que dichos elementos se comprimen o desaparecen, sobre todo en lo relativo al acceso a la educación.

 

Respecto a la edad, vinculada con el concepto de “transición a la vida adulta”, en la población joven con discapacidad se encuentran diferencias significativas respecto a situación y necesidades entre las que se encuentran en torno a los 20 años y las que se aproximan a los 30. Principalmente, en el segundo grupo, se hacen más evidentes las dificultades de acceso recursos que facilitan la vida autónoma, como el empleo y la vivienda.

 

Las personas con discapacidad entre 16 y 30 años presentan niveles educativos aún inferiores a los de los jóvenes sin discapacidad de su misma edad. Si bien los datos muestran que la situación educativa de la mujer es algo peor que la de los hombres, las diferencias se han reducido en los últimos años. La eficacia del sistema educativo en la inclusión de las personas con discapacidad en los mismos espacios que la población general, presenta signos de estancamiento.

 

Como ocurre en el resto de la población, la precarización laboral es más intensa en los jóvenes con discapacidad, que encuentran mayoritariamente empleos con contratación temporal. Las medidas de fomento del empleo específicas para personas con discapacidad, si bien muestran resultados positivos allí donde ser aplican, en general están muy poco generalizadas a la población joven con discapacidad. En este ámbito, resulta preciso ampliar, enriquecer y mejorar las medidas de fomento de empleo, también en el ámbito del autoempleo y la creación de actividad empresarial.